Diputada Hernando presenta proyecto de ley que beneficiará a PYMES de Antofagasta

Parlamentaria calificó de abusivo plazo de pago de hasta 180 días

Diputada Hernando presenta proyecto de ley que beneficiará a PYMES de Antofagasta

La moción busca hacer más oportuno el pago de facturas a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)  de la región de Antofagasta.

La parlamentaria explicó que se trata de impedir abusos con las pequeñas empresas para que éstas puedan obtener el pago de sus facturas en tiempos acotados y más razonables. “Acabamos de presentar un proyecto que tiene que ver con las PYMES, se trata de beneficiarlas en el sentido de que hoy día son abusadas desde el punto de vista de los pagos, y sus clientes normalmente se demoran mucho más de lo que está establecido legalmente para pagar las facturas, por lo que pueden pasar 180 días fácilmente”, declaró la diputada.

Desigualdad

Actualmente, la relación de pequeñas y medianas empresas con las grandes industrias se basa en el pago de las prestaciones y servicios por plazos de 30, 60, 90 y más días. Esto provoca inevitablemente una crisis financiera en estas PYMES para responder oportunamente a sus propios acreedores.

Según la congresista del Partido Radical, el principal problema es la relación en la negociación ferozmente desigual que se establece entre las pequeñas y grandes empresas. “Siempre serán las grandes compañías quienes establecerán las condiciones de las prestaciones que, en teoría, debieran ser negociadas en igualdad”, indicó Hernando.

Proyecto de ley

Con esta iniciativa, se reestablece el equilibrio entre las PYMES y los grandes centros de compra a fin de evitar que, por un abuso de una posición dominante, el pago de las facturas de los pequeños proveedores pueda verse dilatado innecesariamente por un tiempo excesivo afectando la liquidez financiera de ellos e, incluso, su estabilidad económica.

De ser aprobado el proyecto, el pago de las facturas no podrá exceder, en ningún caso, un plazo máximo de 60 días, recomponiendo de este modo, y de manera decisiva, las condiciones de igualdad entre los contratantes. Además, procura la liquidez financiera de las pequeñas empresas que no cuentan, en la mayoría de sus casos, con el capital de respaldo necesario para soportar plazos superiores a 120 o 180 días en el pago de sus servicios o en la venta de sus bienes.